A una semana de que entre en vigor la norma que regula la certificación energética de edificios, que obliga las viviendas que se vendan o alquilen una etiqueta energética, el Gobierno ha hecho algunas rectificaciones en la Ley (el Real Decreto 235/2013 del 5 de abril) para permitir que los técnicos competentes en certificación pueda examinar también edificios no terminados.
El precio de la certificación, las sanciones para quien no las lleve a cabo y quién está capacitado para evaluar una vivienda o no han centrado de las discusiones durante la redacción del texto dictado por el Gobierno.
Las construcciones en proyecto también podrán ser certificadas. Imagen: http://howtobuildahouseblog.com/
Esta última rectificación en torno a la competencia de las certificaciones energéticas, realizada el 25 de mayo- ha sido celebrada por la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece), aunque sea “in extremis”, pues así los técnicos competentes podrán emitir estos certificados, no sólo para los edificios existentes, sino también en fase de proyecto y en inmuebles terminados.
La organización explica en un comunicado que el texto inicial precisaba que el certificado de eficiencia energética del proyecto lo suscribiría el proyectista, mientras que en los edificios terminados el encargado sería la dirección facultativa y en los existentes, los técnicos competentes.
Esta disposición entraba en conflicto, según Asece con el artículo 7 del decreto, que señala que “la certificación de eficiencia energética de un edificio de nueva construcción o parte del mismo, constará de dos fases: la certificación de eficiencia energética del proyecto y la certificación del edificio terminado”, a lo que añade que “ambos certificados podrán ser suscritos por cualquier técnico competente”.
Así, después de que se haya subsanado este error, el presidente de Asece asegura alegrarse, pues “tanta tergiversación en el redactado preocupaba en exceso”. “Es de suponer que se comunicará también al Consejo de Estado, quien advirtió también de esta irregularidad tan importante”, sentencia.
Fuente: El País
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